Conflictos armados, secuestros, detenciones arbitrarias, además de nuevas leyes que limitan los derechos humanos, erosionan el decreciente espacio de libertad religiosa en Asia continental. Esta región, que comprende Corea del Norte, China, Laos, India, Bangladesh y Vietnam, incluye algunos de los países más grandes y poblados del mundo, donde viven numerosas comunidades religiosas y étnicas y donde se producen algunas de las peores violaciones de libertad religiosa del planeta.

Represión totalitaria y control sistemático

La libertad religiosa en China sigue sufriendo la presidencia de Xi Jinping. El Partido Comunista de China (PCCh) ha intensificado su política de laicización para alinear todas las tradiciones religiosas con la ideología socialista. Las medidas administrativas de los lugares de actividad religiosa y la ley de educación patriótica, ambas de 2023, quieren fomentar valores socialistas esenciales con la imposición de nuevos y severos requisitos sobre las comunidades religiosas. Todos los lugares religiosos están sometidos a evaluación estatal y no pueden celebrar actividades consideradas contrarias al interés nacional. La represión de grupos religiosos no registrados ha aumentado; muchas noticias documentan arrestos, detenciones y el cierre de lugares de culto. Además de condenar a miembros del clero con cargos imprecisos, como «fraude» o «subversión», todavía se censuran con severidad los contenidos religiosos en internet. En la región autónoma de Sinkiang, una ordenanza de 2024 estableció que las nuevas edificaciones religiosas reflejan características chinas, señal evidente del intento de erradicar la identidad religiosa y cultural uigur. Además de cambiar el nombre a más de 600 pueblos uigures, la población padece vigilancia intensiva, detenciones arbitrarias y castigos por participar en actividades religiosas.

Corea del Norte sigue siendo uno de los regímenes más represivos del mundo. Su constitución garantiza la libertad de conciencia; sin embargo, se ve completamente anulada por una ideología estatal que exige lealtad absoluta a la dinastía Kim. Cualquier manifestación de creencias religiosas se considera una amenaza directa a la autoridad del Estado. Aquellos individuos que poseen material religioso o que son acusados de participar en actividades religiosas no autorizadas se enfrentan a castigos severos, que van desde la tortura y el encarcelamiento de por vida hasta la pena de muerte. La política china de repatriación forzosa ha empeorado aún más el drama de los desertores norcoreanos. Quienes regresan a Corea sufren castigos implacables, como trabajos forzosos o incluso a la ejecución.

En Vietnam, las minorías religiosas (como los demás, los cristianos hmong y los budistas jemer) sufren una presión continua, sobre todo en la región del Altiplano Central. Las autoridades interrumpen actos de culto, arrasan los lugares de reunión y presionan a individuos para renunciar a su fe. A menudo, los miembros de grupos no registrados son detenidos con vagas acusaciones contra la seguridad nacional.

A pesar de las garantías constitucionales, la persecución religiosa persiste en Laos. Entre 2023 y 2024, se expulsó a los cristianos de pueblos como Mai y Sa Muay por negarse a abandonar sus creencias. Además, las iglesias fueron demolidas y se detuvo a sus pastores—en algunos casos, durante semanas— sin presentar cargos contra ellos. En julio de 2024, murió asesinado el pastor Thongkham Philavanh; su muerte muestra los riesgos a los que se enfrentan los líderes cristianos en zonas rurales.

Nacionalismo avalado por el Estado y restricciones a la libertad religiosa

En Myanmar, el poder político, la identidad étnica y la confesión religiosa se entrecruzan e influyen en las dinámicas del conflicto civil del país y en su progresiva erosión de los derechos fundamentales. La guerra no es estrictamente religiosa; sin embargo, han empeorado de forma notable las condiciones de la libertad religiosa. La Junta militar ha hecho suya una ideología budista-nacionalista intolerante con los grupos étnicos que son birmanos y con los grupos religiosos no son budistas. A menudo, estos grupos religiosos se asocian con movimientos étnicos de resistencia o con actores de la sociedad civil. Los lugares religiosos sufren ataques frecuentes porque suelen transformarse en centros de vida comunitaria y de asistencia humanitaria. Desde el golpe de 2012, se han incendiado o bombardeado centenares de iglesias, también católicas. Varios líderes religiosos han sido asesinados, arrestados o sometidos a intimidación. La Constitución de 2008, todavía vigente, atribuye al budismo una posición especial y contiene leyes discriminatorias sobre la conversión y el matrimonio interreligioso. Los rohini siguen sufriendo atrocidades y migraciones forzadas.

En Sri Lanka, la influencia del nacionalismo budista sinhalese (sobre todo en la Provincia del Este) ha provocado más vigilancia, acoso y presión jurídica contra las minorías religiosas. Se ha utilizado la ley sobre la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) y la ley sobre prevención de terrorismo contra voces discrepantes. Algunos hindúes tamil han denunciado la incautación de sus tierras; además, se intimida frecuentemente a cristianos y musulmanes. Aunque el país se ha estabilizado políticamente, la resistencia del Gobierno a supervisar los derechos humanos debilita la responsabilidad y confianza.

Persecución híbrida e intolerancia legalizada

En la India, la política nacionalista hindú del Partido Popular Indio (BJP, por sus siglas en inglés) mina las garantías constitucionales sobre libertad religiosa. Desde 2014, las comunidades musulmanas y cristianas han sufrido un aumento de restricciones. Se ha usado la ley que regula la financiación extranjera (FCRA, por sus siglas en inglés) para suspender o cancelar permisos a ONG vinculadas a minorías religiosas. En 2024, solo 15.947 ONG —de las más de 35.000 que había antes— tenían autorización para recibir financiación del extranjero. A día de hoy, existen leyes anti conversión en 12 estados, como Rajastán y Uttar Pradesh, donde se permite que cualquier ciudadano pueda registrar quejas, lo que aumenta el riesgo de acusaciones falsas.

También ha aumentado la violencia. Los cristianos sufrieron 834 ataques en 2024, sobre todo en Uttar Pradesh y Chhattisgarh, donde hubo asaltos masivos. En Manipur, los enfrentamientos entre las tribus cristianas kuki-zo y los grupos hindú meitei se saldaron con decenas de muertes y una extensa destrucción. La India ejemplifica el modelo de «persecución híbrida», que combina la supresión legal con la violencia colectiva.

Las leyes anti conversión de la constitución del vecino Nepal han provocado el acoso hacia comunidades cristianas. Clérigos y laicos han sido arrestados o públicamente humillados, especialmente si habían sido acusados de convertir a personas calificadas como intocables (dalits). En septiembre de 2023, activistas hindúes irrumpieron en una reunión cristiana en Khari, desalojaron a los asistentes y pintaron con tinta negra las caras de los dos pastores. Una semana antes, otro grupo había entregado a las autoridades a una pareja de misioneros indios. En agosto de 2024, se cerró una iglesia en Dhanusha por, supuestamente, haber practicado «conversiones masivas».

Inestabilidad tras la transición y tensiones religiosas

Bangladés mantiene unos principios ambiguos: declara al islam religión estatal, pero defiende el laicismo como valor constitucional. En la práctica, este dualismo favorece la inestabilidad y la discriminación. La ley de ciberseguridad, promulgada en 2023, ha servido para suprimir el disenso e identificar a grupos minoritarios.

Después de la salida del primer ministro Sheikh Hasina y el comienzo de un gobierno provisional bajo Muhammad Yunus en 2024, las comunidades minoritarias han denunciado el aumento de la violencia y la discriminación. La suspensión de la prohibición de Ja- maat-e-Islami ha generado inquietud ante la creciente influencia islamista. En el distrito de Chittagong Hills Tracts, las comunidades cristianas han sufrido acoso y la precaria situación de los refugiados rohinyá sigue sin resolverse.