La región de Asia marítima y el Pacífico comprende la península malaya, el archipiélago malayo, Australia, Nueva Zelanda y las naciones isleñas del Indo-Pacífico. Esta región, enorme y de gran importancia estratégica, alberga algunas de las sociedades más diversas en términos religiosos; también incluye zonas donde el islam militante y la ortodoxia religiosa impuesta por el Estado suponen una severa limitación a la libertad religiosa.

Malasia y las Maldivas: represión islámica institucionalizada

Malasia y las Maldivas, donde las ideologías suníes se integran con la ley y el gobierno, siguen siendo los países más represivos de la región en términos de libertad religiosa. En Malasia, una serie de incidentes durante el periodo estudiado ilustra las continuas restricciones y las  tensiones intercomunales. Varias personas, como un cómico y un comerciante de Johor, fueron denunciados 

por presuntos insultos al islam; además, una madre soltera fue condenada por khalwat, es decir, por estar demasiado cerca físicamente de un hombre que no era ni su marido ni un pariente masculino cercano. En 2024, la diputada católica Teresa Kok fue interrogada por cuestionar el coste de la certificación halal. En Sabah, se registraron arbitrariamente a cristianos como musulmanes en sus documentos de identidad y un grupo de refugiados rohinyás sufrió discriminación étnica y doctrinal. Los debates públicos en Sarawak sobre catequesis y xenofobia han revelado la fragilidad de la coexistencia religiosa. A pesar de unas sentencias judiciales que apoyan los derechos de las minorías, el clima se caracteriza por la ambigüedad legal, la vigilancia estatal y una intolerancia creciente.

En las Maldivas, se siguen aplicando con severidad las leyes que prohíben cualquier expresión religiosa que no sea islámica. En 2024, dos turistas alemanes fueron arrestados por distribuir biblias; un líder espiritual indio y su asistente fueron deportados en 2023. Las Maldivas también sirvieron de lugar de reclutamiento a grupos extremistas, y los Estados Unidos sancionaron a veinte individuos por financiar el EI ya Al Qaeda. Al parecer, las cárceles se han convertido en centros de radicalización.

Indonesia: las contradicciones entre la blasfemia y la unidad

Desde su independencia en 1945, Indonesia es oficialmente un estado laico que reconoce el derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, su característico pluralismo ha sufrido tensiones. La única provincia gobernada por la sharía es Aceh; en enero de 2023, se castigó públicamente a una mujer con 32 latigazos por verse con un hombre que no era su marido. Las leyes sobre blasfemia y las restricciones a la libertad de expresión afectan desproporcionadamente a quienes no son musulmanes, especialmente a cristianos. Un converso al catolicismo de 74 años seguía detenido en diciembre de 2023, tres años después de haber publicado un libro crítico con el islam. En septiembre de 2024, el Papa Francisco visitó Indonesia al comienzo de su viaje a cuatro países del sureste asiático. Urgió al país a mantener el lema de su viaje, «Unidad en la diversidad», ya ser un modelo de coexistencia inter- confesional.

El Papa terminó su gira por Asia y el Pacífico con un visita de tres días a Singapur, donde elogió al país por su compromiso con la armonía religiosa y su protección de la libertad de todas las religiones.

Las Filipinas y Brunéi: extremismo localizado y gobierno de la sharía

La violencia yihadista continúa en Mindanao, isla al sur de las Filipinas y de población mayoritariamente musulmana. En diciembre de 2023, una bomba durante una Misa católica en la Universidad Estatal de Mindanao mató a cuatro personas;181 en mayo de 2024, un ataque con granadas contra una capilla en Cotabato dejó dos heridos.182 Los choques armados entre militantes islamistas y fuerzas del gobierno en Maguindanao del Sur se saldaron con once muertos. Estos hechos evidencian las amenazas continuas de actores yihadistas en la región de Bangsamoro. Al mismo tiempo, aumenta la preocupación por la forma en que el gobierno utiliza la polémica ley antiterrorista para cubrir abusos contra derechos humanos, entre los que se incluyen la persecución de líderes religiosos, activistas y comunidades indígenas que buscan proteger sus tierras contra los intereses de las empresas mineras.

A pesar de la censura internacional, en Brunéi sigue vigente el Orden del Código Penal según la Sharía (SPCO, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en abril de 2019. Este marco legal criminaliza la apostasía, la blasfemia y la propagación de confesiones que no sean islámicas. La ley dispone que los castigos contemplen la amputación, flagelación, lapidación y pena de muerte —aunque, de facto, sigue vigente una moratoria de las ejecuciones—. A pesar de las garantías constitucionales sobre la libertad de religión, las personas que no sean musulmanas se enfrentan a importantes restricciones, en términos de proselitismo, distribución de materiales religiosos y críticas al islam.

El Pacífico y Australia: libertad religiosa entre nuevas tensiones

A diferencia de muchos de sus vecinos, las naciones- isla del Pacífico —Australia, Nueva Zelanda, Timor-Leste y Papúa Nueva Guinea— mantienen protecciones robustas de la libertad religiosa. Se puede decir lo mismo de los microEstados del Pacífico, como Samoa, Tonga, Fiji, y Kiribati.

La libertad religiosa goza de una protección legal plena en Australia desde hace años, pero una serie de acontecimientos recientes han suscitado una cierta preocupación. De una parte, algunos estados obligan a proveedores de servicios sanitarios de matriz religiosa a que ofrezcan o deriven servicios que pueden colisionar con sus creencias; un estado confiscó un hospital católico que no quería practicar abortos. Por otra parte, el uso de centros de detención en altamar, especialmente en Nauru, ha atraído la censura internacional sobre el país. Grupos de derechos humanos y obispos católicos han condenado sus condiciones inhumanas; muchas personas que buscaban asilo —a menudo, como resultado de la persecución religiosa— sufren allí largas detenciones. En noviembre de 2024, en Nauru había detenidas más de 100 personas, la cifra más alta registrada desde 2013.

En Papúa Nueva Guinea, el malestar interno y las presiones geopolíticas han provocado un debate sobre el papel de la religión en la vida pública. Tras unos disturbios mortales en febrero de 2024, el primer ministro James Marape promovió una identidad cristiana nacional. El parlamento aprobó con rapidez una ley declarando que Papúa Nueva Guinea era una nación cristiana, que, a su vez, provocó advertencias de los líderes religiosos sobre el peligro de socavar la diversidad cultural. El Papa Francisco urgió a que se respetase la dignidad humana y denunció la violencia, así como algunos abusos relacionados con la brujería. La politización creciente de la religión y las influencias externas pueden perjudicar la libertad religiosa y el pluralismo del país.