África sigue siendo la región más afectada por la actividad yihadista del periodo estudiado. El origen de la violencia no se encuentra en una sola entidad, sino en toda una red descentralizada de movimientos afines que, aunque operan de forma autónoma, comparten ideología, tácticas y recursos. Estos movimientos explotan unas fronteras porosas y gobiernos débiles para extenderse, con una estructura coordinada y flexible. A pesar de su independencia, intercambian armas, guerrillas y propaganda, lo que acrecienta su resiliencia y alcance. Su adaptabilidad ha tenido efectos devastadores sobre la población civil, comunidades cristianas incluidas. Este modelo transnacional y flexible permite medrar a los actores yihadistas en medio de una situación de inestabilidad continua (véase el tema principal «La evolución del yihadismo»). 

Según el Centro Africano de Estudios Estratégicos, los grupos militantes yihadistas continúan siendo una fuente importante de inestabilidad en cinco regiones del continente. Solo en 2024, estos grupos fueron los responsables de 22.307 muertes.

Aumento de la violencia yihadista en el Sahel

El Sahel sigue siendo la región del mundo más afectada por el terrorismo y la violencia yihadista. En esta región, se produjeron más de la mitad de muertes relacionadas con el terrorismo en 2024. Como indica el Índice global de terrorismo, cinco de los diez países más golpeados por el terrorismo se encuentran en esta región —Burkina Faso, Mali, Níger, Nigeria y Camerún—, confirmando su centralidad en la ola actual de violencia extremista.

Burkina Faso es el país más golpeado en términos globales: a pesar de registrar una caída del 21 % con respecto al año anterior, registró el 20 % de todas las muertes vinculadas al terrorismo en 2024 en el mundo. Desde 2015, la violencia yihadista ha transformado el país, antiguo modelo de harmonía religiosa, en el epicentro de la actividad extremista en el Sahel. Grupos como el JNIM, otros afines al EI y Ansarul Islam, dirigen su violencia contra comunidades musulmanas y cristianas y, a menudo, atacan sus lugares de culto. Han secuestrado o matado a los líderes, las comunidades cristianas han sido desplazadas o su culto público se ha prohibido. A mediados de 2024, 100 cristianos fueron asesinados en la región de Zeky-Doumbia.

Mali ha retrocedido en seguridad y derechos fundamentales de forma constante, llegando a ser uno de los países del mundo más afectados por el terrorismo. Su crisis empezó con la infiltración de grupos extremistas al norte del país, que provocó otra rebelión tuareg. Los tuaregs (aproximadamente, el 10 % de la población), perseguían la autonomía del norte con el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) y, para expulsar a las fuerzas del gobierno, se aliaron temporalmente con grupos islamistas como AQMI, MUYAO y Ansar Dine. Fue entonces cuando el acuerdo de paz de 2015 colapsó. La retirada de los Cascos Azules y el despliegue de mercenarios rusos del Grupo Wagner sólo intensificaron la crisis. La violencia yihadista ha aumentado por todo el país y los civiles —cristianos, entre ellos— han pade- cido secuestros, abusos y la imposición religiosa. En 2024, la Junta suspendió toda actividad política y tomó medidas severas contra la oposición. La situación sigue siendo crítica. Se teme que la situación desemboque en un conflicto civil y que las violaciones de los derechos humanos sigan aumentando.

Bajo la Junta militar liderada por el general Abdourahamane Chiani, Níger también ha retrocedido abruptamente en seguridad, gobierno y derechos humanos. Su Carta de transición, adoptada en marzo de 2025, inauguró una transición nacional de 60 meses. Aunque, en teoría, protegía la libertad religiosa, el contexto es cada vez más inestable. El país se ha transformado en un importante centro yihadista, con actividades del ISSP, grupos afines a Al Qaeda y Boko Haram en todo el territorio. La zona de Tillabèri, cerca de Mali y Burkina Faso, es el epicentro de los ataques. En 2024, Níger experimentó una subida del 94 % de muertes relacionadas con el terrorismo —el mayor aumento en el mundo—. Comunidades musulmanas y cristianas sufrieron ataques a iglesias, mezquitas y reuniones religiosas, además de secuestros de líderes. A pesar de los intentos de diálogo interconfesional, las redes radicales, la fragilidad institucional y el autoritarismo han erosionado el espacio civil y cualquier deseo de resistir. Las minorías cristianas están especialmente en riesgo; padecen amenazas, conversiones impuestas y limitaciones al culto.

En julio de 2024, Mali, Burkina Faso y Níger establecieron la Alianza de Estados del Sahel (CES), después de retirarse de forma coordinada de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS). Este paso señala un alejamiento común de las instituciones occidentales; en su lugar, todos estos regímenes liderados por militares han afianzado sus lazos con Rusia y China.

Golpes, elecciones y cambios constitucionales: un cambio en el sistema de gobierno

Entre 2023 y 2025, África subsahariana experimentó una oleada de golpes y cambios constitucionales que reflejaban unas crisis de gobierno más profundas y que, con frecuencia, han impactado de lleno sobre la libertad religiosa. Durante este periodo, dos golpes de Estado han tenido éxito (en Níger y Gabón); otros fracasaron (como en Burkina Faso, Guinea-Bissau y República Democrática del Congo).

Otros países han adoptado o propuesto reformas constitucionales importantes. Muchas de ellas han sido motivo de polémica y han provocado consecuencias adversas. En República Centroafricana, un referéndum en 2023 abolió los límites de mandato y creó una vicepresidencia, permitiendo al presidente Tordera presentarse a un tercer mandato en diciembre de 2025. El referéndum de diciembre de 2023 en Chad introdujo un sistema semipresidencial, con primer ministro, senado y comisión de derechos humanos; pese a ello, sus sistemas de rendición de cuentas son inciertos. Hacia finales de 2024, se promulgó una nueva constitución en Gabón y, tras 54 años de dinastía Bongo, el gobierno puso en marcha un diálogo nacional para revitalizar sus instituciones democráticas. En marzo de 2024, el parlamento de Togo aprobó una nueva constitución criticada por minar la democracia; a pesar de pretender la transición del país a un sistema parlamentario, elimina de hecho cualquier límite de mandato del presidente Gnassingbé, que ostenta el poder desde 2005.

19 países africanos programaron elecciones en 2024, pero muchas de ellas fueron aplazadas, manipuladas o se celebraron en contextos autoritarios. Los regímenes militares de Burkina Faso, Mali, Guinea y Guinea-Bissau incumplieron sus promesas de transicionar a la democracia. También se han celebrado elecciones nacionales en Mauritania, Chad, Senegal y Togo. En Sudáfrica, los obispos católicos describieron el proceso electoral como «sorprendentemente libre y justo».

El Cuerno de África: guerras civiles, violencia religiosa y sus efectos sobre la región

La situación en el Cuerno de África sigue siendo profundamente inestable, con guerras civiles y tensiones fronterizas que se solapan.

Desde abril de 2023, Sudán se ha visto inmerso en una guerra civil entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Esta guerra civil ha desencadenado la mayor crisis migratoria del mundo, con casi 13 millones de personas desplazadas. Las dos facciones han bombardeado lugares de culto, torturado a religiosos y transformado iglesias y mezquitas en bases militares. Los cristianos han sido obligados a convertirse y han sufrido detenciones arbitrarias y ataques violentos. El deterioro general de la libertad religiosa es muy agudo.

La violencia se ha contagiado a Sudán del Sur, donde la llegada de refugiados y las represalias en forma de violencia étnica han desestabilizado el frágil proceso de paz del país. El gobierno de transición ha aplazado las elecciones y tiene dificultades para elaborar una nueva constitución.

La situación en Somalia es crítica. Al-Shabaab controla grandes extensiones rurales e impone una versión extrema de la sharía, que prohíbe el culto cristiano, castiga la apostasía con la muerte y amenaza a cualquier persona «antiislámica». Los conversos al cristianismo deben practicar en secreto, arriesgándose a sufrir violencia, encarcelamiento o muerte. La expansión del Estado Islámico de Somalia, sobre todo en Puntland, solo añade más estabilidad. Las tensiones con Etiopía y Somalilandia, además de la entrada de armas y los conflictos internos de clanes, frenan los esfuerzos por reducir la violencia yihadista.

Después de Somalia, Kenia es el país más afectado por la violencia vinculada a Al-Shabaab. A pesar de que, desde hace mucho tiempo, es visto como un foco de estabilidad en la región, el país ha sufrido la presión de ataques transfronterizos y tensiones religiosas. En 2023 y 2024, se registraron decenas de ataques dirigidos contra civiles —cristianos incluidos— en los condados de Manera, Lamu y Garissa. Al mismo tiempo, la discriminación de musulmanes ha sido una fuente permanente de tensión. En febrero de 2025, ocurrió un hecho positivo: el presidente William Ruto abolió la investigación obligatoria a los musulmanes que solicitaban documentos nacionales de identidad; la sociedad civil recibió la decisión como un paso hacia la reducción de su marginalización. A pesar de las dificultades, las relaciones interreligiosas en el país han sido en general tranquilas.

La libertad religiosa en Etiopía es precaria por culpa de conflictos continuos e inestabilidad política. La violencia permanente en Tigray, Oromia y Amhara, ha afectado profundamente a las comunidades religiosas y ha provocado la destrucción de lugares de culto, el asesinato de clérigos y la alteración de actividades religiosas. El enfrentamiento entre las identidades étnicas y religiosas también ha minado la cohesión interreligiosa. A nivel regional, las tensiones con el gobierno de Somalia —alimentadas por el acuerdo entre Etiopía y Somaliland— han dificultado la cooperación en el frente del contraterrorismo.

En el Cuerno de África, la libertad religiosa se ha vista amenazada, no solo por la violencia yihadista, sino también por la represión estatal. En Eritrea, la política del gobierno criminaliza de hecho la práctica religiosa no autorizada y los disidentes se enfrentan al arresto arbitrario, la tortura y a detenciones prolongadas. Cristianos, testigos de Jehová y musulmanes —también menores y clérigos— son sus objetivos habituales. Las reuniones religiosas están prohibidas y los detenidos se hacinan en condiciones inhumanas sin haber sido juzgados. Bajo el régimen autoritario de Eritrea, la libertad religiosa se ha empobrecido en extremo.

Nigeria: el asalto a las comunidades religiosas

Nigeria sufrió una escalada de violencia por motivos religiosos entre enero de 2023 y diciembre de 2024, sobre todo al norte y en su región central. Grupos armados como Boko Haram, el Estado Islámico de África Occidental (ISWAP) y varias milicias llevaron a cabo ataques a gran escala contra iglesias, pueblos y líderes religiosos. Solo un mes después de la inauguración presidencial, miles de personas fueron desplazadas y centenares murieron asesinadas en los estados de Plateau y Benue; entre ellas, más de 1.100 cristianos —de los cuales, 20 sacerdotes—. Durante la Navidad de 2023, unos ataques coordinados entre militantes locales y extranjeros dejaron una cifra de casi 300 muertos. En junio de 2025, se masacraron a 200 cristianos desplazados en Benue.

Pastores fulanis radicalizados mantienen sus ataques contra comunidades cristianas, seguidos a menudo de grandes migraciones e incautación de tierras. Mientras que algunos analistas enmarcan el conflicto en términos medioambientales, los líderes religiosos locales lo describieron como una estrategia deliberada para expulsar a las poblaciones cristianas (véase el antecedente «Los fulanis y el yihadismo en África: entre el legado y la manipulación»). En mayo de 2024, en una escalada sin precedentes, una escuela secundaria cristiana fue atacada en Makurdi. Tras acusaciones de blasfemia y asesinatos relacionados con la brujería, se llegó a los linchamientos públicos.

Los líderes y los sacerdotes fueron objetivos habituales; muchos fueron secuestrados y asesinados. Los grupos islamistas también se enfrentaron con las autoridades; por ejemplo, en la brutal represión policial de una procesión chiita en Abuja. Durante este tiempo, y a pesar de prohibiciones constitucionales, la policía religiosa (hisbah) obligaba a cumplir restricciones de la sharía en varios estados del norte.

África central y del sur: nuevos frentes

La República Democrática del Congo se enfrenta a una de las crisis más severas y polifacéticas del África subsahariana. Grupos armados como las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA), afines al Estado Islámico, atacan sistemáticamente comunidades cristianas, matando a civiles, destruyendo lugares de culto y secuestrando a sacerdotes. En las provincias del este, más de 120 milicias compiten por el control de las zonas ricas en minerales, mientras que el colapso de los servicios públicos y la debilidad del Estado dejan sin protección a las comunidades religiosas. El conflicto trasciende las fronteras nacionales: el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, y las operaciones militares de Uganda contra la DFA, demuestran su grado de proyección regional. En 2025, el M23 capturó Goma, provocando un enorme número de bajas civiles y una migración a gran escala. Las iglesias comprometidas con la promoción de la paz se enfrentaron con represalias por parte de las autoridades estatales. Mientras la violencia aumenta, las comunidades religiosas pierden acceso a espacios seguros y a las protecciones básicas. Como resultado, las condiciones de libertad religiosa en la parte oriental del país siguen deteriorándose, dejando en entredicho la estabilidad de toda la región de los Grandes Lagos.

Mozambique también ha sufrido un nuevo aumento de violencia yihadista en Cabo Delgado, donde militantes afines al Estado Islámico siguen atacando comunidades cristianas, quemando iglesias y matando civiles. A pesar de la presencia de fuerzas armadas internacionales, los insurgentes han aprovechado la debilidad del control estatal y los vacíos de gobierno para ocupar nuevos distritos. En este contexto, las comunidades religiosas —sobre todo, la Iglesia católica— han mantenido de forma activa un diálogo interreligioso por la paz. La Declaración Interreligiosa de Pemba, firmada en 2022 por líderes cristianos y musulmanes, reafirmó su compromiso compartido por impedir la instrumentalización de la religión. En 2024, el Consejo Islámico de Mozambique indicó su deseo de mediar con los elementos yihadistas. Estos esfuerzos dan fe de la resiliencia de los actores religiosos frente a una inseguridad creciente (véase el caso práctico «El papel activo de la Iglesia en Cabo Delgado»).

Migraciones

Otro problema acuciante que afecta al África subsahariana es el importante aumento de desplazamientos y migraciones, tanto dentro como a través de las fronteras nacionales. A finales de 2024, la región albergaba 38,8 millones de personas desplazadas internamente, casi la mitad del número total mundial.

En África oriental, el Cuerno de África y en la región de los Grandes Lagos, 5,4 millones de refugiados y desplazados buscaban asilo. La migración transfronteriza también ha aumentado; el número de africanos que residen en otros países africanos ha aumentado desde los 12 millones en 2015 hasta los 15 millones en 2024 —un aumento del 25%—. La violencia yihadista es responsable de gran parte de estos desplazamientos (véase el tema principal «Huir de la persecución y discriminación por motivos religiosos»).