La tensión entre las protecciones constitucionales y las realidades política, social y cultural regionales ha caracterizado el estado de la libertad religiosa en América Latina y el Caribe entre 2023 y 2024. Aunque el cristianismo sigue siendo la religión mayoritaria, y a pesar de una cierta homogeneidad, varios factores—como la criminalidad organizada, la debilidad institucional, los marcos legales restrictivos y las tensiones ideológicas— todavía amenazan la realización plena de este derecho fundamental.

Violencia contra líderes religiosos y vandalismo

En total, al menos 13 líderes religiosos murieron asesinados en México, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras entre 2023 y 2024. Además, 16 misioneros y laicos fueron asesinados en un contexto pastoral en Ecuador, Haití, Honduras y México. A estas muertes, se deben añadir las de nueve laicos en México al inicio del 2025. Aunque no es posible demostrar que todos estos crímenes respondan al odio a la fe religiosa, sí manifiestan la inseguridad que rodea al ministerio en áreas de una conflictividad e inestabilidad muy elevadas. Los líderes religiosos ocupan un lugar importante dentro de sus comunidades; su influencia les transforma en blancos atractivos de ataques e intimidación. Cabe decir lo mismo sobre las personas que se atreven a criticar un régimen autoritario: se perciben como amenazas y pueden sufrir represalias. En Haití, dos monjas fueron asesinadas en 2025 y al menos 19 sacerdotes y religiosos fueron secuestrados para pedir un rescate.

En Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, los lugares de culto sufrieron ataques, profanaciones y violencia simbólica. Sin embargo, otros países vieron cómo disminuye la frecuencia de los incidentes de este tipo, además de un número menor de ofensas contra los sentimientos religiosos. 

Algunos países cuentan con observatorios o informantes que facilitan cuantificar y documentar los incidentes. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en Cuba hubo 996 actos contra la libertad religiosa durante el periodo estudiado. En Brasil, los ciudadanos pueden denunciar violaciones de derechos humanos llegando al 100. En 2023, se registraron 2124 quejas relativas a la intolerancia religiosa, en su mayoría presentadas por seguidores de religiones afro- brasileñas. En Nicaragua, el colectivo Nunca Más, la abogada Martha Patricia Molina Montenegro y la ONG Monitoreo Azul y Blanco documentan la persecución religiosa. En México, el Centro Católico Multimedial registra los actos de violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones de la Iglesia católica.

Desde el comienzo del conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023, varios países de la región han visto cómo proliferaban las expresiones antisemitas en forma de pintadas, esvásticas, amenazas a la comunidad judía y ataques a monumentos o instituciones judíos, sobre todo en grandes centros urbanos y en las redes sociales.

En Brasil, los seguidores de religiones afrobrasileñas, como el Umbanda y Candomblé, han denunciado haber sufrido discriminación e intolerancia religiosa, así como varios ataques a sus lugares de culto.

Tráfico de drogas y crimen organizado

El mercado de la droga se ha convertido en una de las amenazas más importantes contra la libertad religiosa. En un contexto de conflictos entre cárteles rivales por el control de un territorio, el vacío dejado por el Estado ha transformado a los líderes religiosos en administradores y representantes de sus comunidades; son ellos quienes deben enfrentarse a la violencia y ejercer la función de protectores y mediadores en las áreas rurales gobernadas por bandas criminales. Aunque no haya pruebas que demuestren una persecución sistemática por motivos religiosos, las iglesias y líderes espirituales han caído víctimas de la violencia estructural general, limitando su labor en favor de la comunidad y poniendo en peligro su seguridad.

Varias organizaciones criminales se han servido durante el período estudiado de mecanismos de control, como la extorsión que promete protección a cambio de dinero, o la sencilla emisión de órdenes sobre líderes religiosos e iglesias. En México, la extorsión a iglesias y líderes religiosos adopta la apariencia de pagos por una supuesta «protección» contra bandas rivales. En Venezuela, un grupo guerrillero colombiano estableció un control de facto sobre varias comunidades a lo largo de la frontera. Entre otras cosas, obligó a sus líderes religiosos a pedir permiso para celebrar misas, realizar procesiones y llevar a cabo otras actividades pastorales, además de cumplir con restricciones en los horarios, viajes y uso de lugares de culto. Todas estas prácticas son una grave violación de la libertad religiosa: condicionan su ejercicio a las imposiciones de grupos armados ilegales que actúan fuera del ámbito de un Estado legítimo. 

El culto a la «Santa Muerte», vinculado a actividades de bandas criminales, genera preocupación en Ecuador, Guatemala y México. En Ecuador, soldados desmantelaron un altar a la Santa Muerte en una reunión ilegal durante un estado de emergencia. En Guatemala, se acusa a este culto de tener lazos con bandas involucradas en asesinatos y extorsiones. En México, la Iglesia católica lo ha denunciado como una expresión de la cultura de la violencia promovida por el narcotráfico.

Restricciones legales a actividades religiosas

Cuba, Nicaragua y Venezuela han adoptado durante el periodo estudiado nuevas normas que aumentan el control estatal sobre las actividades religiosas y elevan el riesgo de criminalización, especialmente para aquellas comunidades que no están oficialmente registradas.

El código penal que ha estado en vigor en Cuba desde diciembre de 2022 penaliza la participación en asociaciones no autorizadas y afecta, sobre todo, a iglesias evangélicas sin reconocer. El código también se sirve de lo que denomina «abuso de la libertad religiosa» para restringir la libertad de aquellos padres que deseen educar a sus hijos en un entorno religioso. Otras normas adicionales, como la Ley de Ciudadanía y la Ley de Extranjeros, permiten la aplicación de sanciones por razones ideológicas. Por último, las resoluciones gubernamentales regulan estrictamente el uso de los lugares de culto, incluidos aquellos ubicados en propiedades privadas.

Nuevas leyes en Nicaragua permiten al Estado revocar la nacionalidad de personas consideradas «traidoras», líderes religiosos incluidos. Otras imponen restricciones severas a las organizaciones humanitarias y grupos religiosos, sometiéndose a vigilancia política, registros obligatorios y control sobre su cooperación a nivel internacional. Todas estas medidas erosionan su autonomía.

En Venezuela, una ley de 2024 obligó a las organizaciones no gubernamentales a declarar sus fuentes de financiación; aquellas que dependen de fondos extranjeros se han visto afectadas.

Secularismo, neutralidad estatal y tensión ideológica

La tensión sobre la naturaleza laica del Estado ha aumentado en varios países de la región, como reflejan varias decisiones judiciales opuestas. En Colombia, la Corte Constitucional se ampara en la neutralidad religiosa del Estado para ordenar la remoción de una imagen de la Virgen María de un edificio público. En cambio, la Corte Constitucional de Costa Rica permitió la reinstalación de un crucifijo en una sala de hospital; argumentó que su presencia representaba una expresión legítima de la libertad religiosa.

En México, la Corte Suprema acogió las quejas que sostenían que colocar belenes en espacios públicos en Yucatán violaba el principio de laicidad. La cuestión está todavía sin resolver.

La CIDH y la discusión sobre unos estándares intra-americanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en febrero de 2024 un estudio sobre la libertad religiosa y de culto. Al presentar la libertad religiosa como un obstáculo potencial a otros presuntos derechos, sobre todo los relativos a la no-discriminación, la salud sexual y reproductiva, y la diversidad de género, su publicación generó polémica. La CIDH parecía sugerir que las expresiones religiosas que contradecían su ideario podrían ser interpretadas como discurso de odio.

Dos de sus siete miembros votaron contra el informe y criticaron lo que consideraban un planteamiento ideológico que supera el ámbito de la CIDH. Varias organizaciones religiosas, como la universidad católica de Paraguay Nuestra Señora de la Asunción, expresaron su preocupación ante el sesgo secularista del documento y el riesgo de que se criminalizan las creencias religiosas tradicionales. Por otra parte, la CIDH sigue registrando los atentados graves contra la libertad religiosa en la región. En enero de 2023, otorgó medidas cautelares a once miembros de una comunidad de Compañía de Jesús en Cerocahui, en el estado mexicano de Chihuahua, al considerar que se encontraban en una situación grave y urgente debido a las amenazas y acoso que habían recibido de grupos criminales. En Nicaragua, la CIDH lamentó el cierre masivo de organizaciones civiles, entidades religiosas incluidas, y manifestó su preocupación sobre la persecución religiosa, los arrestos arbitrarios, los actos de represión y las condiciones de aquellos a quienes se había privado de libertad. Además, la Comisión otorgó nuevas medidas cautelares a diez miembros de la iglesia Mountain Gateway, detenidos en unas condiciones particularmente severas.

Con todo, las medidas cautelares de las CIDH se demostraron inútiles en el caso del sacerdote Marcelo Pérez, asesinado a tiros en Chiapas, México, en octubre de 2024. Las autoridades todavía no han llevado a los perpetradores de su asesinato ante la justicia.

Nicaragua

Durante el período estudiado, la hostilidad gubernamental hacia las iglesias y comunidades religiosas en Nicaragua aumentó de forma significativa. Esta persecución se ha concretado en arrestos arbitrarios, expulsiones, exilios forzados, privación de la nacionalidad, así como en la prohibición de celebrar servicios religiosos en espacios públicos y la revocación masiva del estatus legal de las instituciones confesionales. Al mismo tiempo, algunas reformas constitucionales y nuevas leyes han dotado al régimen de herramientas legales para controlar las organizaciones religiosas. Varias organizaciones internacionales han clasificado al país como uno de los peores en términos de persecución religiosa en la región.

Cuba

Aunque el Estado cubano reconoce las denominaciones religiosas, el control de sus actividades sigue siendo intenso. Este control prevé restricciones a la ayuda social proporcionada por las iglesias evangélicas y el endurecimiento de la legislación. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha descrito la situación como la más grave de las últimas décadas, señalando que el país está atravesando «uno de los períodos más difíciles de su historia». Añade que «nuestras comunidades y agentes pastorales participan del agotamiento general de la vida cotidiana en Cuba. El valor para nuestra nación de la pluralidad de pensamiento, opinión e ideas, que cada vez están más presentes entre nosotros, no ha sido suficientemente reconocido».

Venezuela

La crisis política en Venezuela ha empeorado, con graves violaciones de derechos humanos y una creciente instrumentalización de la religión por parte del Estado. Iniciativas como «Mi iglesia bien equipada» y otros beneficios otorgados a comunidades religiosas se presentan como apoyo a la vida espiritual. Sin embargo, suelen tener una motivación electoral y comprometer la independencia de las comunidades religiosas. Un marco legal que otorga al régimen amplios poderes discrecionales para sancionar a quienes lo critican agrava aún más la situación. Durante el período electoral de 2024, se denunciaron casos de violencia o intimidación por parte de actores estatales hacia líderes religiosos. Un pastor afirmó que el gobierno ofrecía beneficios a las iglesias que lo apoyaban, pero que castigaba a aquellas que se negaban a aceptarlos.

México

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los líderes religiosos. Cinco de los trece líderes religiosos asesinados en la región entre 2023 y 2024 fueron asesinados en este país. Además, el crimen organizado también extorsiona y amenaza a los líderes religiosos de las comunidades donde la Iglesia realiza trabajo social o humanitario. El trabajo pastoral en regiones como Chihuahua ha recibido medidas cautelares por parte de la CIDH.

Haití

Haití, que se puede considerar un Estado fallido, se encuentra en un estado de colapso institucional. La inseguridad crónica, el colapso del sistema de salud y la emergencia alimentaria han generado una vulnerabilidad extrema. Las bandas criminales armadas (que controlan amplias franjas de territorio) han impuesto un régimen de violencia e intimidación que mantiene a la población en un estado de miedo permanente. Las iglesias, comunidades religiosas y líderes religiosos, se han convertido en objetivos frecuentes de secuestros y extorsiones.

Migración forzada

La migración a gran escala en la región también ha tenido su impacto sobre la libertad religiosa. Muchas personas desplazadas han perdido el contacto con sus comunidades de fe; a menudo, carecen de las condiciones para ejercer libremente sus creencias en los países de tránsito. Eventos como la asamblea de la Red CLAMOR (Bogotá, 2024) destacan que la responsabilidad de las iglesias incluye atender a los migrantes y advertirles de la posible discriminación religiosa en cuanto llegan a sus países de acogida. En México, la Iglesia católica se ha centrado en proporcionar ayuda pastoral en albergues y regiones fronterizas, con frecuencia en condiciones difíciles e inseguras.