Burkina Faso: localidades enteras vacías o aisladas no por la COVID-19, sino por el terrorismo

ACN, María Lozano y Christophe Lafontaine.- La amenaza terrorista que afecta especialmente a cinco regiones del norte y este de Burkina Faso se está viendo “eclipsada por la pandemia del COVID-19”, según afirman varias fuentes locales consultadas por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN). Para las poblaciones directamente afectadas por los ataques terroristas, el coronavirus es “una desgracia dentro de la desgracia”.  Los encuestados de las diócesis de Dori, Kaya y Fada N’Gourma, todas ellas afectadas gravemente por el impacto del terrorismo, coinciden que “la gravedad de la situación sigue en algunos lugares igual o está incluso peor” que antes de la pandemia, con casi un millón de desplazados y falta de  respuesta por parte de las autoridades nacionales e internacionales.

En los departamentos de Bourzanga (región Centro Norte) y Djibo (región del Sahel) los ataques son diarios. Según ha sabido la fundación, “franjas enteras se encuentran aisladas, no por un confinamiento debido a la pandemia sino por la total inseguridad que sufren. Las pocas aldeas que todavía están pobladas albergan a miles de desplazados internos, pero están cada vez más aisladas del resto del país”.

Entre ellas destaca la ciudades de Djibo o Arbinda, bloqueadas por los terroristas desde mediados de enero de 2020. Ambas localidades acogen a más de 200.000 desplazados que han huido de los pueblos de alrededor buscando protección. Fuentes consultadas por ACN describen que “no hay transporte, no hay suministros, no hay acceso de entrada ni de salida, hay escasez de agua, combustible, alimentos, cortes de electricidad, etc.”

Situación similar relató a ACN un sacerdote desplazado de la diócesis de Kaya, en la región Centro-Norte: “Los pueblos están casi desiertos, han perdido el ritmo de vida, aunque todavía hay signos de esperanza. En mi parroquia, donde muchas personas han buscado refugio, hay problemas relacionados con las necesidades básicas. El problema crucial sigue siendo el agua. Es muy difícil obtener este precioso líquido, eso obliga a las mujeres, con todos los riesgos que eso conlleva, a volver a los pueblos vecinos que están abandonados por amenazas terroristas, para intentar obtenerla y transportarla en triciclos.”

Súplicas de reacción firme de las autoridades

Según los afectados, las autoridades locales y nacionales comparten el drama que está sufriendo la población, pero la mayor parte de las veces, sus esfuerzos se ven rápidamente anulados por falta de recursos. Muchos lamentan además que fuera del país no se capte la dimensión de la tragedia: «De las 75 aldeas de mi parroquia, sólo diez están todavía habitadas. Todos se han ido. Debido a que las aldeas han sido abandonadas, una gran parte del territorio está en manos de terroristas, escapando así del control del Estado», declara un sacerdote de la diócesis de Kaya, que también tuvo que huir debido a las amenazas contra su parroquia.

En general, la mayoría de los burkineses se sienten impotentes ante la desgracia, “especialmente porque en este momento la atención se centra en la pandemia del Coronavirus, olvidando que el terrorismo también se cobra víctimas, incluso más que la enfermedad COVID-19”, se lamenta el sacerdote.

1.000 asesinados y ocho parroquias cerradas

Muchos reclaman de las autoridades la misma decisión y seriedad para mejorar la situación de los desplazados internos y para luchar contra el terrorismo que para luchar contra la pandemia. “Los dos peligros son ciertos. Estamos atrapados en el medio y es muy difícil saber qué es peor. En cualquier caso, las consecuencias son las mismas porque ambos crean situaciones de muerte” – comenta afligido otro socio de la fundación ACN de la región de Fada N’Gourma, que acaba de recibir apoyo para construir un muro de seguridad en su parroquia, después de haber sufrido incursiones violentas.

Según los datos recopilados por ACN durante la visita de una delegación de esta institución en febrero de 2020, el número de desplazados internos asciende a casi un millón de personas. Desde 2019, más de 1.000 personas -cristianos, seguidores de la religión tradicional y musulmanes- han sido asesinadas por los terroristas. Trece sacerdotes, siete congregaciones religiosas y 193 coordinadores de la pastoral han tenido que buscar protección en parroquias más seguras. Al menos ocho parroquias están cerradas.

Apoyo a catequistas desplazados y sus familias

Ante esta emergencia, Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de aprobar un proyecto de 30.000 euros para promover la reintegración de algunos de estos desplazados internos. Concretamente, se trata de 18 catequistas titulares de la parroquia de Sebba, acompañados de sus familias. Estos coordinadores pastorales, que ahí donde no hay sacerdotes, orientan y guían a sus comunidades, se encuentran en primera línea frente al peligro terrorista. Los de Sebba han tenido que refugiarse en Dori, la capital de su departamento y sede de la diócesis.

“Es un desafío para los cortos recursos de la diócesis, que desde 2015 se ha visto muy afectada por los atentados terroristas”, explica el obispo local, encargado de la región administrativa del Sahel burkinés. Mons. Laurent Dabiré es el responsable de las medidas de acogida y apoyo que la comunidad cristiana de Dori ha puesto en marcha para responder a las necesidades básicas de los catequistas y sus familias, que huyeron de los ataques terroristas de los últimos meses sin poder llevarse prácticamente nada consigo. 

Phillipe Yarga, catequista asesinado recientemente

La diócesis de Dori, que tiene sólo un 1,8% de cristianos (católicos y protestantes), acaba de experimentar dos tragedias en su parte oriental. La primera fue el 10 de febrero, a 50 km de Dori. “Unos hombres armados entraron en la localidad de Sebba, la capital de una de mis parroquias, donde asesinaron a una persona y secuestraron a un pastor protestante y a seis jóvenes alumnos, al día siguiente liberaron a dos chicas y ejecutaron el resto”, narra Mons. Dabiré. El segundo ataque tuvo lugar el 16 de febrero, a 100 km de Dori. Los terroristas irrumpieron en el pueblo de Pansi, que está en el territorio de la parroquia de San Antonio Abad de Sebba, “para saquear el lugar y luego ejecutar a sangre fría a 24 personas”. Entre ellas estaba Philippe Yarga, el catequista titular del pueblo desde 2017, encargado de la coordinación pastoral de la zona.

La ayuda concedida ahora tendrá en cuenta que las familias ayudadas puedan servirse por si mismas económicamente dentro de poco, a través de la cría de ganado. Se han aprobado recientemente también otros siete proyectos en todo Burkina Faso con 100.000 euros. Entre ellos destaca la formación de 83 futuros sacerdotes en las diócesis de Dori, Kaya, Fada N’Gourma y Tenkodogo, la ayuda al sustento de diez religiosas que trabajan en la diócesis de Dori y el apoyo mediante programas de radio a nivel nacional dirigidas a la población desplazada y en zonas precarias.