Detienen a un sacerdote en la India bajo la ley anticonversión

ACN.- Continúa la persecución contra la Iglesia en la India. La Policía del estado de Uttar Pradesh detuvo el 5 de febrero al sacerdote Dominic Pinto y a otras personas acusadas de «convertir a los hindúes pobres» de las comunidades dalit. Pinto dirige el centro pastoral Navintha, de la diócesis de Lucknow.

En ocasiones esta entidad cede sus instalaciones a un grupo protestante y a miembros de un movimiento hindú que sin haberse convertido sienten interés por Jesús y sus enseñanzas, Khrist Bhakta (seguidores de Cristo). En esta ocasión, había prestado el local a los evangélicos para una jornada de formación y oración que congregó a más de 200 personas. «Estaban hablando, predicando y rezando», relata a AsiaNews Mons. Gerald Mathias, obispo de Lucknow. «Un grupo de nacionalistas hindúes se quejó a la Policía alegando que allí se estaban llevando a cabo conversiones, algo totalmente falso».

Cuando los agentes se presentaron en el local, interrumpieron las actividades y se llevaron a algunos líderes del grupo organizador a comisaría. Además la multitud, instigada por los denunciantes, «rompió las cámaras de seguridad y saqueó los locales». No contentos con eso, intentaron agredir a algunas mujeres que participaban en la jornada. Y exigieron que las fuerzas de seguridad arrestaran también a Pinto, como finalmente ocurrió.

26 detenidos en 2024

«Se trata de un grave abuso de la ley anticonversión del estado», denuncia Mathias. La Policía aceptó los cargos «sin ninguna prueba». Esto ocurre, subraya, porque «sufren las presiones de la multitud o ceden a los dictados de las autoridades: es un caso típico de acoso y atrocidades contra los cristianos». Quienes son acusados de conversión forzada se enfrentan a hasta diez años de cárcel.

Según asegura UCA News, en lo que va de año 26 cristianos han sido detenidos y encarcelados en Uttar Pradesh, acusados de violar las rígidas normas anticonversión. Según United Christian Forum, este estado donde solo el 0,18 % de los 200 millones de habitantes es cristiano, registró más de una tercera parte de los episodios de persecución anticristiana entre enero y noviembre de 2023: 287 de 687.

Menos de una semana antes de lo ocurrido en Uttar Pradesh, dos ciudadanos estadounidenses fueron arrestados en el estado de Assam el 31 de enero. Se trata de John Matthew Boone y de Michael James Flinchum. Su delito fue participar en la inauguración de la sede de una asociación baptista. Según explica UCA News, la legislación prohíbe que quienes están en el país con un visado turístico participen en actividades de otro tipo. En este caso, se les acusa de tomar parte en ceremonias de conversión.

Sin fondos del extranjero

No son solo los individuos a título particular quienes corren el riesgo de sufrir represalias por practicar su fe en la nación asiática. También las instituciones. El 3 de febrero, el Ministerio del Interior informó a la Sociedad de Servicios Sociales de Tamil Nadu de que se le había revocado la autorización para recibir financiación del extranjero.

Esta organización es la entidad oficial de los obispos de este estado del sur del país para la justicia, la paz y el desarrollo. De sus servicios «se benefician las mujeres pobres y las personas marginadas, independientemente de su religión», subraya Devasagaya Raj, de la archidiócesis de Cuddalore-Pondicherry. Esto subraya que estas represalias contra las ONG «afectan más a los pobres». Raj comparte, además, de que por primera vez estaba dirigida por un sacerdote de la casta dalit.

Para poder recibir envíos de dinero, las entidades indias tienen que estar inscritas según lo estipulado en la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA por sus siglas en inglés). La cancelación de su inscripción se ha debido, según las autoridades, a un incumplimiento de la normativa. La ONG católica de Tamil Nadu no es la única que ha sufrido este tipo de medidas. En Navidad de 2021, el Gobierno también anuló la autorización de las Misioneras de la Caridad para recibir fondos desde fuera del país. La oleada de protestas en contra de la medida obligó a dar marcha atrás.