ACN.- El Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025, publicado por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), denuncia que una falta sistémica de documentación está invisibilizando los ataques y actos de discriminación contra confesiones religiosas, especialmente hacia los cristianos, en los países occidentales de la OSCE. Esta ausencia de datos permite que aumenten agresiones como incendios premeditados —un 44 % más en Francia, Alemania y España— sin que se les otorgue la atención política necesaria.

El informe recuerda las palabras del Papa Francisco, quien en 2016 distinguió entre la persecución explícita y la llamada “persecución educada”, un fenómeno sutil que opera mediante presión cultural, legal y administrativa. Esta segunda forma, señala ACN, ya preocupa seriamente a organismos internacionales e incluso podría verse alimentada por dinámicas de corrección política.

A diferencia de los delitos directos contra cristianos en otros lugares del mundo, la persecución educada actúa por omisión: cuando los gobiernos combaten ciertos tipos de odio, pero ignoran o minimizan aquellos dirigidos contra los cristianos, generando un desequilibrio que contribuye a normalizar la hostilidad.

La OSCE y su Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR) mantienen una base de datos sobre delitos de odio desde 2009, en la que registran incidentes por tipo y minoría afectada. Esta recopilación es, según la organización, el primer paso para diseñar políticas eficaces contra estos delitos y para ofrecer apoyo a las víctimas.

Sin embargo, el sistema depende casi por completo de la calidad de los datos enviados por los Estados miembros. La disparidad entre países es notable; por ejemplo, entre las naciones escandinavas, solo Finlandia comunicó delitos anticristianos en 2023.

A ello se suma el retraso en los informes oficiales. Las estadísticas de 2024 aún no han sido publicadas, lo que dificulta evaluar la evolución real del fenómeno. En algunos países, como Estados Unidos, el gobierno no publica datos oficiales pese al aumento del vandalismo contra iglesias, por lo que han sido organizaciones civiles, como las conferencias episcopales, quienes han tenido que tomar el relevo.

En contraste con los países que no registran adecuadamente estos hechos, Francia y Grecia destacan por su seguimiento exhaustivo de ataques a lugares de culto. El Ministerio del Interior francés llegó a desplegar 10.000 agentes durante la Semana Santa de 2023 tras detectar un incremento significativo de amenazas. Grecia, por su parte, publica anualmente estadísticas oficiales sobre vandalismo religioso.

Por otro lado, el análisis de Countryside Alliance en el Reino Unido ha revelado 9.648 actos criminales contra iglesias entre 2022 y 2024. Aunque muchos no fueron delitos de odio, la media de ocho delitos diarios ha llevado a pedir una mayor protección para los templos rurales.

A pesar de estas iniciativas, en gran parte de Occidente persiste una falta de seguimiento sistemático, lo que genera políticas poco eficaces y deja a las comunidades cristianas en una situación de especial vulnerabilidad.

La Unión Europea ha avanzado en el combate del odio antimusulmán mediante informes y encuentros de alto nivel, como la jornada «Combatir el odio antimusulmán» celebrada en La Haya en 2024. Sin embargo, no existe un coordinador europeo contra el odio anticristiano, pese al incremento de ataques contra iglesias y pastores.

Según el informe, esta desigualdad institucional deja intacta una “animadversión latente” contra los cristianos, que continúa extendiéndose sin mecanismos de protección equivalentes a los de otros colectivos religiosos.

Por su parte, la OSCE mantiene en sus 57 países un reconocimiento formal de la libertad religiosa. Sin embargo, la realidad demuestra grandes diferencias en su aplicación efectiva, especialmente en contextos de conflicto.

El informe también documenta un fuerte crecimiento del antisemitismo y del odio antiislámico tras los ataques del 7 de octubre de 2023 de Hamás contra Israel. Francia experimentó un aumento del 1.000 % en incidentes antisemitas, mientras que los antiislámicos subieron un 29 %.

Varios campus universitarios de Estados Unidos vivieron protestas, ocupaciones y expulsiones, generando un clima de inseguridad que llevó incluso a suspender clases presenciales en algunas instituciones. El Reino Unido registró cifras récord de crímenes de odio tanto antisemitas como antiislámicos, desencadenados en ocasiones por rumores virales.

En Alemania, los delitos relacionados con el conflicto Israel-Hamás pasaron de 61 en 2022 a 4.369 en 2023, confirmando una tendencia preocupante que está remodelando el panorama de convivencia religiosa en Occidente.

La guerra en Ucrania ha generado violaciones severas por ambos bandos. En las zonas ocupadas por Rusia, se han reprimido comunidades ortodoxas, católicas y evangélicas. En Ucrania, entró en vigor una ley que prohíbe organizaciones religiosas con vínculos con Rusia, afectando principalmente a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú.

El Informe sobre Libertad Religiosa también señala un aumento drástico de procesos judiciales por objeción de conciencia al servicio militar, que afectan en un 95 % a testigos de Jehová.

Asimismo, la ofensiva de Azerbaiyán en Nagorno Karabaj provocó la huida de 120.000 armenios y la destrucción de iglesias históricas, un hecho que el informe considera de extrema gravedad para la preservación del patrimonio religioso.

Los datos presentados describen una intensificación clara de ataques anticristianos en la región OSCE. En Canadá, 33 iglesias ardieron entre 2021 y 2023, siendo confirmada la intencionalidad en 24 casos. En España, agresiones contra templos y clérigos —incluido un asesinato en Algeciras en 2023— muestran una tendencia preocupante.

Italia registró 41 ataques contra iglesias; en Croacia, grupos provida que rezan el Rosario han sufrido agresiones constantes. Grecia contabilizó 608 incidentes en un solo año, y Francia, alrededor de 1.000 en 2023.

En Estados Unidos, los ataques contra iglesias se duplicaron entre 2022 y 2023, muchos vinculados a protestas tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el aborto.

Una parte central del informe está dedicada a la persecución no violenta, donde la presión institucional limita la expresión pública de las creencias cristianas. El informe de ACN señala casos en los que la financiación pública se condiciona a aceptar doctrinas incompatibles con la visión cristiana, como ocurrió en un municipio de Noruega.

El acoso judicial también está presente: en Finlandia, la parlamentaria Päivi Räsänen enfrenta un proceso penal desde 2019 por expresar la visión cristiana clásica sobre la sexualidad, pese a ser absuelta en dos instancias.

En Bélgica, un tribunal multó a dos arzobispos por negar a una mujer el acceso a la formación diaconal, lo que el informe considera un desafío directo a la autonomía doctrinal de la Iglesia.

Algunos fallos judiciales recientes han establecido límites a esta persecución institucional. En el Reino Unido, el caso Higgs vs. Farmor’s School protegió a una empleada cristiana despedida por publicar comentarios críticos sobre la educación sexual infantil.

En Estados Unidos, el Tribunal Supremo sentenció a favor de un trabajador postal obligado a trabajar los domingos, reafirmando la protección constitucional de la libertad religiosa.

No obstante, el informe advierte que estos avances conviven con un contexto general de restricción creciente, especialmente en debates sobre aborto, eutanasia y objeción de conciencia.

El informe analiza el impacto de las Directrices de la OMS sobre la atención al aborto, que consideran que la objeción de conciencia “no debe obstaculizar el acceso”. El informe de ACN alerta de que esta postura podría suponer una violación grave de la libertad de conciencia, tanto individual como institucional, especialmente para centros sanitarios confesionales.

En Europa, varios casos recientes —incluyendo los de matronas en Suecia y Escocia o nuevas normas en Bruselas— muestran una tendencia hacia la limitación de la objeción institucional, un punto especialmente preocupante.

A pesar de que 46 Estados de la OSCE han ratificado normas que protegen explícitamente la libertad de pensamiento y religión, la presión legal sobre sanitarios y organizaciones religiosas crece en varios países occidentales.

El Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de ACN concluye que la vulneración de la libertad religiosa en Occidente no solo procede de actos de violencia, sino también de omisiones estructurales, presiones administrativas y políticas públicas que marginan progresivamente a las comunidades cristianas.

En un escenario donde el antisemitismo y el antiislamismo también aumentan, el informe subraya que la defensa de la libertad religiosa debe ser integral y no selectiva, para evitar que el clima de hostilidad se normalice y erosione las bases democráticas de la región.