Comisión Justicia y Paz pide al gobierno de Pakistán acabar con conversiones y matrimonios forzados

ACN, María Lozano.- En Pakistán, mujeres y niñas menores de edad pertenecientes a minorías religiosas son, a menudo, víctimas de conversiones y matrimonios forzados. El número de casos por año es significativo. Con el apoyo de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), la Comisión Católica Nacional Justicia y Paz (NCJP, por sus siglas en inglés) de Lahore lucha por romper el patrón de injusticia que permite que una mujer o niña menor de edad sea secuestrada, violada, convertida y casada con su secuestrador por la fuerza.

Un ejemplo brutal, denunciado por la NCJP, es el caso de Anna Chand, una niña cristiana de tan solo tres años que fue cruelmente violada por el marido de la directora de su escuela de Raiwind, Lahore. Se trataba de una casa-escuela financiada por UNICEF, que funcionaba en el domicilio de Muhammad Saleem y contaba con unos 30 alumnos.  Por la noche, funcionaba como madraza.

“Anna padece angustia psicológica y un estado continuo de sufrimiento emocional, mientras su familia lucha para que se haga justicia”, dice Merab Arif, coordinadora de Comunicación de la NCJP. Aunque se trate de un problema que afecta a niñas de todas las comunidades religiosas, las cristianas, hindúes o niñas de otras minorías religiosas son las más vulnerables , ya que son objeto de conversión forzosa al islam y tienen mucho menos respaldo social y legal.

Pakistán ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, que prohíbe expresamente el matrimonio infantil. También, ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se define como niño a cualquier persona menor de 18 años. El artículo nueve, de dicha convención, protege el derecho del niño a no ser separado de sus padres contra su voluntad, en su artículo 14 establece que los Estados deben respetar el derecho de los niños a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Además, la Constitución pakistaní también garantiza la libertad religiosa.

“En apariencia todo está bien pero, lamentablemente en muchos casos, cuando la familia de una niña afectada intenta presentar una denuncia por secuestro o violación en la comisaría local, se encuentra con unos agentes hostiles que a menudo se niegan a registrar las denuncias,” explica Merab Arif.  “Y en los casos en los que los padres logran presentar la denuncia, la policía no suele rescatar a la niña. Además, antes de recuperar a la niña, a los padres se les entrega su certificado de conversión junto con su certificado de matrimonio. Y si llegan a los tribunales, estos también son reacios a proteger a las menores, supuestamente por la presión de las turbas violentas”.

Por estas razones, y con el apoyo de la fundación pontificia ACN, la Comisión Nacional Justicia y Paz está desarrollando un ambicioso programa para proteger y salvaguardar a las niñas y mujeres pertenecientes a minorías en Pakistán. El programa aboga explícitamente por un cambio real y exige una legislación más contundente. En el marco de estas actividades, la NCJP acaba de presentar quince recomendaciones al Gobierno pakistaní para que se tomen las medidas adecuadas para combatir el matrimonio y la conversión forzados de niñas y mujeres.

Las recomendaciones incluyen, por ejemplo, la necesidad de una reforma de la Policía para mejorar los tiempos de reacción en los casos en los que supuestamente se ha producido un secuestro; la formación de los agentes de policía para que sepan identificar los matrimonios y certificados de conversión fraudulentos; el establecimiento de teléfonos de ayuda para una denuncia fácil y segura; la asistencia inmediata, incluida ayuda legal para las niñas menores y sus familias; la revisión del proyecto de ley contra la conversión forzada rechazado por el Comité Parlamentario el 13 de octubre de 2021 o la integración del concepto de “conversión forzada” en el marco legal estatal para facilitar una legislación al respecto.

“Las niñas de minorías religiosas corren un alto riesgo de sufrir violencia y abusos sexuales. Pero no sólo es eso, el matrimonio precoz y forzado las priva además de su derecho fundamental a la educación, la salud y la libertad religiosa. Las menores necesitan la protección de la ley y el cuidado de sus familias. El Gobierno pakistaní debe tomar todas las medidas necesarias para poner fin al drama de estas niñas”, concluye Merab Arif.