Esta joven laica que se ve obligada a ocultar su identidad narra la difícil situación que están viviendo los cristianos en Nicaragua y cómo su religiosidad no solo no les amilana sino que les hace más fuertes. María tiene plena confianza en que “el clamor de este pueblo será escuchado por Dios”.

“Este tiempo de persecución es un tiempo penitencial, los nicaragüenses vivimos bajo el terror, el miedo y la angustia. Los psicólogos de nuestro país dicen que esto lo sufre toda la población”, declara María (nombre ficticio para preservar su seguridad).

En la espiral cada vez más profunda de intentar silenciar a la Iglesia en Nicaragua, la pasada Semana Santa se prohibió “el ejercicio de piedad popular como el vía crucis o las procesiones, que ya no salen de las parroquias a las calles como se ha hecho siempre. Los sacerdotes están siendo perseguidos, personas llegan a las Eucaristías a grabar las homilías; no se puede pedir públicamente por la libertad de monseñor Rolando Álvarez (condenado a 26 años de prisión por negarse a abandonar su patria). Yo formo parte de un grupo de oración que se reúne semanalmente y en los últimos días hemos sido vigilados por un paramilitar que claramente va armado con pistola bajo la camisa”, cuenta María.

Nicaragua es un país donde la religiosidad popular es muy fuerte.

Por temor a acusaciones de desacato al Estado, muchos sacerdotes tienen limitados sus actos y sus homilías. Los obispos han sido acusados públicamente de promover la muerte en Nicaragua; han sido llamados hijos del demonio. La situación es extremadamente difícil en las diócesis de Matagalpa y de Estelí, ambas bajo la responsabilidad de Mons. Álvarez, donde la vigilancia es muy fuerte; pero en todo el país los fieles temen que obispos y sacerdotes pueden ir a la cárcel o ser deportados. 

Además del clero diocesano, también las congregaciones religiosas están sufriendo las consecuencias de la política de silenciamiento 

por parte del gobierno, después de que las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta fueran expulsadas, otras religiosas como las trapenses o unas hermanas de Puerto Rico se han ido de forma voluntaria pero animadas por el acoso del Estado.

Se está prohibiendo a las órdenes religiosas que reciban donaciones para llevar a cabo sus obras de caridad y ayuda a los más necesitados, quitando permisos de residencia o incluso quitando la nacionalidad nicaragüense a misioneros que la habían recibido.