ACN-. Tras una nueva masacre, la Iglesia del cinturón central de Nigeria ha vuelto a pedir que se tomen medidas para hacer frente a la violencia extremista. Lo han hecho tras la muerte de diez aldeanos en el ataque de pastores fulani radicales el 10 de febrero contra Mchia, en el estado de Taraba, al noreste de Nigeria.

El 12 de febrero, altos clérigos de la diócesis de Wukari —el padre Anthony Bature, el padre James Yaro, el padre Moses Angyian y el padre Augustine Chifu— emitieron un comunicado a los periodistas nigerianos. En él, subrayaban que este solo ha sido el último de una larga serie de atropellos.

En la declaración enviada a la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), afirmaban que la violencia ha aumentado en el sur de Taraba desde septiembre de 2025 y que la zona se enfrenta ahora a una «situación de crisis». Según los sacerdotes, «hasta ahora han muerto más de 100 personas, varias más han resultado heridas con diversos grados de gravedad, mientras que los bandidos han destruido más de 200 comunidades e iglesias y han obligado a huir a más de 90.000 católicos».

Los sacerdotes afirmaron que, como parte de la violencia actual, «las residencias de los sacerdotes y los edificios de la Iglesia son objeto de ataques y destrucción». Al describir el patrón general de los ataques, los altos clérigos dijeron que los asaltantes suelen entrar en las aldeas temprano por la mañana, mientras la mayoría de la gente duerme, «matando a cualquiera que se cruzara en su camino e incendiando casas y cosechas».

«Los presuntos milicianos fulani también han tomado todas las tierras de cultivo de la población y atacan a cualquiera que se atreva a visitar su granja para intentar conseguir comida para su familia. Algunas mujeres han sido violadas mientras lo hacían. Ha habido casos en los que bloquean las carreteras y matan impunemente a agricultores desprevenidos e inofensivos», añadieron.  «Más recientemente, la milicia fulani ha recurrido a cosechar los productos agrícolas de las comunidades desplazadas y alimentar con ellos a sus animales».

Los clérigos agradecieron al Gobierno del estado de Taraba y a las fuerzas de seguridad su labor continua. No obstante, hicieron un llamamiento a que se tomaran medidas «para abordar y poner fin a la matanza, con el fin de restablecer la paz en las comunidades afectadas».

En concreto, pidieron:

1. La movilización urgente de personal de seguridad a las zonas periféricas donde se están produciendo los ataques.
2. Que todos los niveles del Gobierno garanticen la seguridad y lleven a los responsables ante la justicia «mediante su detención y enjuiciamiento inmediatos, independientemente de su origen étnico, afiliación política o religiosa».
3. Un esfuerzo concertado para proporcionar ayuda de emergencia a los desplazados internos, incluyendo alimentos, ropa de cama y medicinas, «para evitar una gran catástrofe humanitaria».
4. Que los principales actores de las zonas afectadas, incluidos los gobernantes tradicionales, los líderes religiosos, las agencias de seguridad y los presidentes de los gobiernos locales, mantengan un diálogo constructivo para fomentar la paz y la estabilidad a largo plazo en el sur del estado de Taraba.

En su documento, los sacerdotes mayores se comprometieron a seguir rezando para que Dios guíe y proteja a los funcionarios del Gobierno, los gobernantes tradicionales y el personal de seguridad que trabajan para resolver la crisis, y añaden que «el obispo, los sacerdotes, los religiosos y los laicos de la diócesis católica de Wukari no se desaniman, sino que están convencidos de que, con Dios de su lado y con oraciones constantes y esfuerzos de colaboración entre la Iglesia y el Estado, se puede lograr una paz duradera».