Análisis Mundial de la Libertad Religiosa

» Dra. Marcela Szymanski 

El período analizado (de enero de 2021 a diciembre de 2022) ha estado dominado por la COVID-19, una emergencia sanitaria mundial sin precedentes que ha dado lugar a programas internacionales de respuesta igualmente sin precedentes, especialmente confinamientos y otras restricciones rigurosas, así como la distribución de vacunas. En 2022, la atención mundial también se centró en la guerra de Ucrania y sus consecuencias políticas. También ha tenido gran importancia la crisis económica, sobre todo la rápida escalada de la inflación, así como el temor a un conflicto armado internacional en el Mar de China Meridional. Todo esto ha desviado la atención de las cuestiones relacionadas con la libertad religiosa en un momento en que han aumentado las violaciones de este derecho humano fundamental en todo el mundo. Este análisis se propone demostrar que el período COVID-19 fue especialmente catastrófico para una serie de minorías religiosas que han sido objeto de ataques impunes mientras la atención internacional estaba en otra parte. A diferencia de ediciones anteriores del Informe en las que esta sección se centraba en la categorización geográfica, el análisis que se presenta a continuación abordará en su mayor parte temas y tendencias predominantes. La metodología del Informe de Libertad religiosa en el mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) mide las violaciones de la Libertad de Religión y Creencias (LRC) atendiendo a una escala de gravedad. Empezando por las manifestaciones de intolerancia, estas pasan después al umbral de la «discriminación», en virtud del cual la ley se aplica de forma diferente a las personas y comunidades religiosas que se enfrentan a estos problemas. Las formas más graves de intolerancia se consideran «persecución» en situaciones en las que actores estatales y no estatales oprimen y persiguen abiertamente con impunidad.

La investigación realizada para este Informe 2023 revela que hay 61 países donde la discriminación y la persecución son claramente evidentes, donde el derecho fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y religión está sometido a presiones o se ve restringido por nuevas leyes. En consecuencia, es el propio Gobierno el que persigue y asesina, a menudo con escasa o nula respuesta por parte de la comunidad internacional (cf. Mapa).

En esta edición, el Informe identifica tendencias que manifiestan la creciente amenaza que representan los autócratas para las minorías religiosas. Por autócratas entendemos gobernantes que ejercen su poder, su uso de la fuerza y de los recursos económicos sin apenas límites. Según L. Reardon (2019), «tanto si la autocracia está compuesta por un monarca absoluto como por un líder supremo autoritario, religioso, militar, fascista o comunista, el autócrata refuerza su legitimidad controlando los centros de poder rivales dentro del Estado». Por su «capacidad de movilizar a la ciudadanía», una comunidad religiosa suele ser uno de esos centros de poder que el autócrata pretende controlar.

Durante el período que abarca el Informe han surgido algunos autócratas nuevos y los ya existentes han consolidado su posición. En ambos casos, han tomado medidas enérgicas contra los líderes religiosos y los grupos confesionales, temerosos de su influencia y estatus en la comunidad; en otros casos, intentan captarlos. Los autócratas han luchado para conseguir un equilibrio entre los esfuerzos que realizan, a menudo violentos y opresivos, para eliminar toda oposición, incluida la de los grupos religiosos, y la necesidad de presentar una fachada humana y aceptable ante la comunidad internacional. Los desafíos económicos relacionados con la pandemia, exacerbados por la escasez de energía causada por la guerra en Ucrania, y los intereses comerciales internacionales contrapuestos han dado lugar a un pragmatismo cínico, a una ceguera y sordera selectivas entre los líderes occidentales. Estos Gobiernos, que antes se enorgullecían de un «orden mundial basado en normas», han dejado de defender las normas de los derechos humanos reconocidas internacionalmente.

En la categoría roja (persecución) de este informe figuran 28 países que comprenden 4020 millones de personas, lo que equivale al 51,6% de la población mundial. Destacan los dos países más poblados, China e India, que se encuentran entre los que violan la libertad religiosa de forma más grave. Por ejemplo, controlan el acceso al empleo, a la educación y a los servicios sanitarios, implantan sistemas de control masivo, imponen obstáculos económicos y electorales, y no imponen la ley y el orden cuando las comunidades religiosas sufren ataques de turbas locales o terroristas. Quienes ejercen el poder, tanto actores estatales como no estatales (terroristas), aplican una estrategia con el mismo objetivo final: eliminar la autoridad rival que encarna la comunidad religiosa no deseada. Aquí observamos una nueva tendencia en cuanto al tipo de autor (cf. más adelante el apartado «Autores») al haber más Estados que persiguen a sus propios ciudadanos. Por último, varios países de la categoría de persecución (especialmente los Gobiernos que se adhieren a una religión mayoritaria y la apoyan) no solo manipulan la religiosidad de sus ciudadanos, sino que también exageran su número para afianzar y ampliar su dominio político.

En la categoría naranja (discriminación), el informe señala que se han producido cambios considerables durante el período estudiado. Entre los 33 países de esta categoría, hay tres recién llegados: Haití, Israel y Emiratos Árabes Unidos. El deterioro de las condiciones de la libertad religiosa ha hecho que Nicaragua y Sudán (dos países marcados en naranja en el informe de 2021) hayan pasado a la categoría roja. En 2021, había signos de esperanza entre los países de Oriente Medio y Asia, donde parecía estar desarrollándose cierta idea de derechos de libertad religiosa, pero esas esperanzas se han desvanecido al endurecerse las leyes y las penas existentes (por ejemplo, las «leyes anticonversión»). Mientras tanto, apenas se ha producido mejoría en los sistemas educativos para reducir la discriminación contra los grupos religiosos minoritarios (cf. la nota informativa sobre los libros de texto).

La clasificación en la categoría naranja también es indicativa de que los gobernantes autoritarios no solo aplican leyes para restringir la libertad religiosa, sino que tampoco ofrecen protección ni justicia a las víctimas de agresiones físicas.

Por último, tenemos la categoría «en observación». El Informe 2021 subrayaba la necesidad de mantenerse alerta, ya que los derechos humanos suelen desaparecer gradualmente, a pequeños pasos, sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Entre los principios de la libertad religiosa que se pueden ir deteriorando de forma progresiva se encuentran «la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar la propia religión o creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia». Cada uno de estos aspectos de la libertad religiosa es fundamental e indispensable. El debilitamiento de cualquiera de ellos puede considerarse una amenaza para el derecho a la libertad religiosa en su conjunto. Si se incluye un país en esta categoría es porque hay pruebas que revelan el declive en el disfrute de este derecho fundamental, además de poder darse la circunstancia de que los Estados se sustraigan de su responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos. Se trata de una categoría en la que los informes de los países indican no solo un avance progresivo hacia las vulneraciones más graves, sino que además revelan incidentes que entran dentro de las diversas clasificaciones de intolerancia, discriminación y a veces incluso persecución. Entre los ejemplos se cuentan ataques aislados, incluso asesinatos, con un claro sesgo religioso, y la destrucción o vandalización de lugares de culto. Dos países (Haití e Israel) clasificados «en observación» en 2021 descendieron a la categoría naranja. Al mismo tiempo, se añadieron ocho países a esta categoría: Argentina, Guinea Bissau, Benín, Burundi, Esuatini, Ghana, Indonesia y Madagascar.

Autócratas decididos y confiados

Es probable que los autócratas que cometen las peores violaciones de la libertad de religión pertenezcan a una o varias categorías de autores: Gobiernos autoritarios, extremistas islamistas o nacionalistas étnico-religiosos. Otro tipo de autor con interés en eliminar a los líderes religiosos que desafían su autoridad son los grupos de delincuencia organizada. En varias partes del mundo, estos grupos, de hecho, tienen acceso a más dinero y mejor armamento que el Estado. Así, dan la impresión de que el Gobierno ha claudicado de su responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos, o bien que las autoridades cooperan con los delincuentes. Proliferan sobre todo en Estados fallidos y semifallidos, como Somalia, Libia, Afganistán, Haití y Siria.

La ventaja que tienen los autócratas estatales (excepto las dictaduras absolutas) sobre los grupos de delincuencia organizada es que, en la mayoría de los casos, pueden ocultar sus violaciones de los derechos humanos bajo un manto democrático, acogiéndose a las elecciones, sean del tipo que sean, que los llevaron al poder. Sin embargo, el dilema para los autócratas que manipulan al grupo religioso mayoritario (cf. los informes sobre Pakistán, India, Sri Lanka y Myanmar) es la necesidad de complacer a esta base de votantes y, al mismo tiempo, mantener una fachada «democrática» ante los socios internacionales (cf. el estudio de caso sobre Nicaragua).

Otra forma aparentemente democrática de asfixiar a una comunidad religiosa minoritaria es aprobar leyes que supriman sus fuentes de financiación. Por ejemplo, la «Ley de regulación de divisas» de la India —un complicado conjunto de normas que limitan el acceso a la financiación extranjera de todos los grupos locales (religiosos o no) que dependen de la ayuda exterior— ha provocado la suspensión de los servicios sociales que las organizaciones religiosas prestan a las poblaciones más pobres.

En nuestra edición de 2021 se hacía referencia a la «persecución educada», término introducido por el papa Francisco para describir las leyes, predominantemente en Occidente, que, bajo el pretexto de la cultura y el progreso, recortan los derechos fundamentales de las personas, en particular el derecho a la objeción de conciencia. En muchos países, este concepto se ha convertido en profético cuando la intolerancia se ha transformado en discriminación, cuando se han introducido leyes que hacen «legal» despojar a los ciudadanos de sus derechos fundamentales. El personal sanitario se ve privado del derecho a la libertad de conciencia cuando se le obliga, bajo amenaza de perder su empleo, a participar en procedimientos como la eutanasia o el aborto tardío, o cuando se puede detener a alguien por permanecer en silencio y rezar dentro de la zona de seguridad de una clínica abortista (cf. el Análisis Regional de la OSCE).

Desarrollado a partir de un fenómeno cultural reciente (una ola creciente de nuevas normas y conceptos antropológicos), hallamos un nuevo desafío a la libertad de pensamiento, conciencia y religión: el llamado «discurso obligatorio». Las autoridades, tribunales incluidos, han empezado a introducir nuevas definiciones de la identidad personal. No solo se espera que todos los ciudadanos acepten públicamente normas que podrían considerar contrarias a su conciencia, sino que se les obliga a utilizar las nuevas definiciones, arriesgándose a ser sancionados por incitación al odio si no las respetan. El propio discurso enmarcado se convierte en un medio para negar la objeción de conciencia (cf. el Análisis Regional de Iberoamérica y la Nota informativa «Discurso obligatorio»).

El caso de la exministra del Interior de Finlandia, Païvi Rasanen, destacado en esta publicación (cf. Estudio de caso, Finlandia), manifiesta otro problema que nace de la vaga definición de la incitación al odio: la censura. En abril de 2020, el Estado presentó cargos contra la Sra. Rasanen con carácter retroactivo por compartir una publicación de 2004 sobre el matrimonio, en la que se citaba la Biblia. Se ha infringido o denegado la objeción de conciencia y la libertad de pensamiento, incluso por motivos religiosos.

Fabricación de minorías

«Ataques a las minorías» es una frase que se repite a menudo, pero sigue habiendo dudas sobre lo que significa exactamente. En algunas culturas, la condición de minoría conlleva ciertos privilegios y, por tanto, es positiva; pero para otras esta denominación es engañosa, ya que parece ignorar la fuerza numérica de las comunidades religiosas en cuestión, así como su influencia histórica y cultural más amplia en la sociedad y, de hecho, su papel destacado en las escuelas y otros soportes sociales. Sin embargo, lo que más preocupa son las pruebas que revelan que se puede «fabricar» una minoría numérica, económica o política, empujando a las comunidades a la irrelevancia mediante la aplicación de medidas violentas y no violentas para obtener beneficios políticos y/o económicos del grupo mayoritario.

Los números son importantes. El 25 de abril de 2023, el periódico británico Financial Times destacaba la importancia de la demografía de los grupos religiosos en India y Nigeria, reivindicando su valor con la finalidad de obtener el poder y conservarlo. El artículo afirmaba que «las cifras de población determinan en gran medida la representación política y qué parte del erario nacional se distribuye a cada región». El diario señalaba que muchos Gobiernos posponen las encuestas de población durante décadas, por miedo a encontrar cambios desfavorables entre los grupos que apoyan su permanencia en el poder. El artículo presentaba una serie de «líderes políticos, religiosos y étnicos locales acusados de inflar las cifras».

Los medios por los que se puede manipular la demografía religiosa son numerosos, y producen consecuencias aparentemente positivas si se adopta o se mantiene una determinada religión. Por ejemplo, en Asia, Oriente Medio y el Norte de África, los informes de los países revelan que, proporcionando beneficios materiales exclusivamente a una comunidad religiosa, las autoridades tratan de mantener el tamaño numérico de esa comunidad para obtener beneficios políticos. En el nivel más básico, en Malasia es costumbre inscribir a todos los recién nacidos como pertenecientes a la religión mayoritaria, y corresponde a los padres impugnarlo posteriormente. En Pakistán, por imposición de nuevas leyes, el acceso al ejército y al Gobierno, a los equipos deportivos nacionales y a los empleos mejor remunerados es exclusivo para el grupo religioso mayoritario. En India y Líbano, se ofrecen beneficios económicos a quienes pertenecen a la religión mayoritaria y a ninguna otra, en virtud de diversas «leyes sobre estatuto personal» y normativas de «programación de castas» (cf. el estudio de caso Leyes para controlar la demografía religiosa).

Ejemplos de presión negativa son la proliferación de leyes que tipifican como delito el cambio de religión. Las llamadas leyes anticonversión en Asia, leyes hoy en expansión que conllevan multas y penas de prisión tanto para el converso como para el guía espiritual, están diseñadas para impedir que los grupos religiosos minoritarios inviten a convertirse a los miembros interesados del grupo religioso mayoritario. En Oriente Medio, el castigo por apostasía puede llegar hasta la pena de muerte. En sentido inverso, se fomenta la «reconversión» de la comunidad religiosa minoritaria con beneficios materiales para quienes se arrepientan y regresen a la fe mayoritaria (cf. el análisis regional de Asia y Oriente Medio). Además, varios países imponen a las minorías religiosas obstáculos para participar en la vida política de la nación. Estas medidas van desde la reducción de su posibilidad de voto hasta la prohibición total para ejercer este derecho (cf. el estudio de caso sobre el éxodo cristiano del Líbano y los informes sobre Afganistán, Argelia, Irán, Malasia, Maldivas, Pakistán y Arabia Saudí).

Por último, la forma más terrible de manipulación demográfica se produce cuando un grupo religioso se acaba convirtiendo en minoría tras una discriminación constante o ataques violentos. Por ejemplo, en Irak y Siria, la población cristiana ha sufrido una violencia selectiva y reiterada que ha fomentado la emigración, reduciendo así por la fuerza una comunidad religiosa minoritaria hasta el punto de cuestionar su supervivencia a largo plazo.

En cuanto a la emigración provocada por la violencia extremista, en algunas partes de África se está repitiendo. Los informes de los países indican que las filiales yihadistas de Al Qaeda y el Estado Islámico están atacando zonas rurales relativamente indefensas para obtener ventajas territoriales, pero también, como ocurre en la República Democrática del Congo y Mozambique, esos ataques se están concentrando en zonas ricas en minerales. Aunque la violencia islamista es principalmente indiscriminada y ataca a musulmanes y cristianos por igual, desde nuestro último Informe los yihadistas han atacado cada vez más a los cristianos (cf. el estudio de caso Apedreada hasta la muerte por un WhatsApp). Los ataques se producen durante los actos de culto cristiano, y los asesinatos pueden ser especialmente terribles. Como señalan clérigos del estado de Benue (Nigeria), en ocasiones primero disparan a las víctimas y luego les cortan la cara con machetes u otras armas «para que Dios no las reconozca». Los terroristas también atacan a sacerdotes o religiosas, los secuestran o matan, y queman capillas y escuelas. Un solo ataque de este tipo puede expulsar a toda la población de un pueblo, dejándola sin hogar y en la indigencia. Pierden sus fuentes de ingresos al abandonar sus campos y tiendas, y a sus hijos se les niega la educación y la atención sanitaria. El resultado es que una región se ve vaciada de su histórica presencia religiosa, y surge una nueva minoría económica y política necesitada de todas las ayudas básicas (cf. la nota informativa Nigeria, ¿una democracia fallida?).

En Iberoamérica y otras regiones en desarrollo se está produciendo otra forma de violencia religiosa: la identificación de las religiones tradicionales como enemigas de las políticas favorables al aborto y otras políticas que afectan a las mujeres. Las manifestaciones son cada vez más violentas en México, Chile, Colombia, Argentina, así como en varios países de Occidente, por ejemplo, las organizadas con motivo del «Día de la Mujer» de la ONU (8 de marzo); en ellas se han verificado ataques a edificios religiosos y fieles. La policía y otros servicios de emergencia se abstuvieron de apoyar a quienes intentaban defender sus iglesias, templos y otros edificios religiosos con gran riesgo personal. Asimismo, tras los actos de violencia, las consecuencias legales para los autores fueron escasas o nulas, lo que les da cierta sensación de impunidad (cf. Análisis Regional América Latina, OSCE). A pesar de estas y otras dificultades señaladas en el informe de Iberoamérica, la región también es un faro de esperanza, como pudo verse en las renovadas expresiones públicas de fe, en las que millones de personas se unieron en alegres celebraciones en todo el continente tras el levantamiento de las restricciones sanitarias impuestas por la COVID-19 (cf. la nota informativa sobre las celebraciones religiosas).

Paradójicamente, las voces en defensa de los derechos de la mujer callan ante el secuestro, la conversión forzada y la esclavitud sexual de mujeres y niñas pertenecientes a minorías religiosas. Eufemísticamente denominados «matrimonios forzados», estos delitos (el secuestro, la violación y la conversión forzada de niñas principalmente de minorías hindúes y cristianas, a menudo menores de edad) están motivados, al menos en parte, por el deseo de limitar el crecimiento de las comunidades confesionales en cuestión, reduciendo el número de bebés nacidos en esa comunidad religiosa. En última instancia, si se lleva a cabo a gran escala durante un largo período, esta actividad delictiva podría contribuir a la desaparición del grupo. En este sentido, puede clasificarse como «acto de genocidio», tal y como se define en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Genocidio (cf. el informe de Pakistán, y el análisis por regiones de África).

Ninguna nación occidental puede afirmar sinceramente que desconoce los abusos que se cometen en la Península Arábiga, China, Pakistán y Nigeria. Cuando Occidente mira hacia otro lado, a menudo motivado por la necesidad de garantizar el suministro de recursos naturales y energéticos, los autores se vuelven más confiados y hacen que la legislación local sea más restrictiva. De este modo, la «comunidad internacional» concede tácitamente impunidad a los autores. Pakistán puede citarse de nuevo como caso de estudio, donde la ley sobre la blasfemia, recientemente ampliada, incluye además los insultos a la familia del Profeta, o el islamocéntrico Currículo Único Nacional obligatorio para todas las escuelas, que contribuye a difundir actitudes discriminatorias hacia las minorías religiosas (cf. el Análisis por regiones de Oriente Medio, Asia y África). A pesar de ello, en Occidente se han producido algunos avances positivos, como el nuevo deseo de aplicar sanciones selectivas y personales a infractores individuales en lugar de a países enteros, lo que en algunos países se conoce como sanciones «tipo Magnitsky».

Un significativo rayo de esperanza es que, cuantas más personas del mundo se identifican como religiosas, el impulso para desarrollar el diálogo interreligioso es cada vez mayor. El papa Francisco no solo ha proseguido su acercamiento a las distintas ramas del islam, sino que la mayor organización musulmana, la Nadhlatul Ulama indonesa, ha iniciado un diálogo estructurado con líderes religiosos hindúes durante las reuniones del G20 de 2022, con un seguimiento previsto para 2023 en la India (cf. la nota informativa: Hacia un diálogo católico-musulmán más amplio).

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