El Papa visita Japón ¿cuál es la situación de la libertad religiosa allí?

› Japón es una monarquía democrática constitucional con más de 126 millones de habitantes. De ellos, la mayoría profesa el budismo, seguido por la práctica de nuevas religiones. Los cristianos suponen poco más del 2% de la población.

26/11/2019

La religión se profesa libremente en un país donde el sintoísmo se practica de forma generalizada, si bien el porcentaje de personas que se declaran sintoístas es muy pequeño. El Gobierno protege el derecho del individuo a practicar su religión, cuestión en la que se mantiene completamente neutral. El respeto a la libertad religiosa se basa en la Constitución y las leyes vigentes.

Libertad religiosa en la Constitución nipona

En su artículo 20, la Constitución declara que «se garantiza la libertad universal de culto. Ninguna organización religiosa recibirá privilegios del Estado ni tampoco ejercerá autoridad política. Nadie estará obligado a tomar parte en actos, celebraciones, ritos o prácticas religiosas de cualquier índole. El Estado y sus organismos se abstendrán de intervenir en la educación religiosa y en cualquier otra actividad de esta naturaleza».

Estas disposiciones garantizan no solo los aspectos subjetivos de la libertad de religión (como la libertad de creer o no creer, de convertirse, de culto, de organizar y difundir las creencias religiosas), sino que también consagran los aspectos objetivos e institucionales, por ejemplo, la estricta separación entre la religión y el Estado, de modo semejante al secularismo de Estado de Francia.

El Papa Francisco durante su encuentro con las autoridades niponas

Sin embargo, tales disposiciones no siempre han estado presentes en la historia o en las leyes fundamentales de Japón. La Constitución de 1947, que se redactó deliberadamente en clara oposición a la carta constitucional de la era Meiji, pretendió crear un modelo liberal y una democracia pacífica en un país abatido por la derrota militar y las bombas atómicas. Al postular los derechos naturales e inviolables de la persona, los autores de la Constitución convirtieron la libertad religiosa en la base de la independencia espiritual de cada uno de los ciudadanos japoneses. De esta forma, se quiso acabar con la antigua obediencia ciega a la autoridad del emperador por parte de los súbditos, costumbre estrechamente vinculada al sintoísmo impuesto por el Estado. Habría que preguntarse si realmente se ha conseguido conciliar los principios de la libertad religiosa con la tradición japonesa.

Las autoridades conceden el estatus de organización religiosa a las comunidades que puede demostrar que cuenta con un lugar de culto y que su fin principal es impartir enseñanza religiosa, celebrar ceremonias y formar a sus fieles. Según la Agencia para Asuntos Culturales, la autoridad competente en este ámbito, a 31 de diciembre de 2014 había registradas unas 181.400 organizaciones religiosas; un número muy elevado, pues cada templo budista o sintoísta debe inscribirse individualmente.

Incidentes relacionados con la libertad religiosa 

En la mayoría de los casos, el motivo de los incidentes siempre es el mismo. Afectan a prisiones concretas y al acceso de los presos al culto y a los objetos necesarios para su vida religiosa. Las autoridades cuentan con la presencia de 1.900 capellanes de prisiones para budistas, sintoístas y cristianos, pero la normativa y la disciplina son tan estrictas en estos centros que impiden la libertad religiosa de los detenidos.

Por ejemplo, en el año 2014, los gestores de la prisión de Tottori no permitieron que un interno cristiano en régimen de aislamiento tuviese una Biblia. La Asociación de Abogados de Tottori solicitó el 27 de abril de 2016 que se respetaran los derechos religiosos del detenido y que se le entregara una Biblia, pero la respuesta no cambió, ya que el reglamento de los detenidos en régimen de aislamiento no les permite tener libros.

Otro incidente ilustra un aspecto concreto de lo que podría constituir el inicio de graves violaciones de la libertad religiosa de los ciudadanos japoneses. El 19 de julio de 2016, un tribunal de Tokio falló a favor de una ex-maestra cristiana de una escuela de enseñanza primaria. En 2010, esta maestra se había negado a tocar el himno nacional en una ceremonia organizada por el centro escolar, basándose en que las referencias del himno al culto sintoísta ofendían sus creencias religiosas. En los tribunales inferior y de apelación, la maestra perdió el caso y se declararon legales las deducciones de salario impuestas por las autoridades educativas regionales. Esta maestra no ha logrado defender sus derechos hasta esta última fase, cuando un tribunal de Tokio reconoció que su actitud había sido prescrita por su religión; sin embargo, dicho tribunal manifestó también que la orden de tocar el himno nacional era constitucional.

Futuro de la libertad religiosa

Aunque los japoneses siguen considerando sus instituciones, incluidos los tribunales, como los garantes de la naturaleza democrática de su vida política nacional, la ideología del actual Gobierno es una fuente de preocupación. Las autoridades han planteado abiertamente la posibilidad de que se puedan mermar algunas libertades constitucionales, aunque sin llegar a negarlas completamente. Personas cercanas al primer ministro han defendido reformas constitucionales y la implantación de un «nuevo régimen» para el Japón actual. 

Los especialistas en la Constitución apuntan que el proyecto de reforma de esta presentado por el ala conservadora del Partido Liberal Democrático no se limita al artículo 9, en el que se dice que Japón renuncia a la guerra como medio de resolver los conflictos, sino que afecta también a las relaciones entre el Estado y los grupos religiosos, a la educación patriótica, y a los derechos fundamentales de los individuos. Si se les permite, la Constitución dejará de ser una carta elaborada para defender los derechos de los ciudadanos respecto al Estado y pasará a convertirse en una herramienta para ampliar y mantener el ámbito de actuación de las autoridades. Si bien el riesgo de revivir el sintoísmo de Estado de la década de 1930 y hasta 1945 es bajo, la cuestión de las libertades fundamentales puede tener consecuencias en lo que respecta a la libertad de religión. Si eso ocurriera, Japón entraría en contradicción flagrante con la protección de los derechos humanos tal y como están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, firmada y ratificada por Tokio.

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